Por Bernardo Fischberg *

En materia previsional como en el resto de las áreas nos encontramos hoy con un problema recurrente, la inseguridad jurídica. Es así que se pretende mediante la llamada ley Ómnibus, abiertamente inconstitucional, anular tanto el sistema de movilidad jubilatoria como liquidar el FGS que pasaría al Tesoro Nacional, destruyendo el sistema de Reparto cómo en la época de las AFJP.

Si hay algo que se nos critica a los argentinos es la falta de memoria. Así nos lleva constantemente a tropezar nuevamente con la misma piedra.

Parece que nos quieren decir que nadie va a recordar el rotundo fracaso del sistema privado previsional con una pésima experiencia que comenzó con la década del ’90, pesadilla que terminó en el año 2008 con la estatización por completo del sistema previsional donde convivían un sistema estatal y otro privado. Con la salvedad de la notoria diferencia que se produjo en los haberes a la hora de obtener una jubilación por el sistema de reparto o estatal, los que eran muy superiores al haber de retiro privado ridículamente inferiores.-

Ni que hablar del rotundo fracaso del modelo chileno de retiros de pensión tan elogiados en la época menemista.-

En cuanto al Fondo de Garantia de Sustentabilidad pese a todas las críticas es justo decir que en el mes de noviembre de 2023 el FGS alcanzó el mayor valor histórico con 76.000 millones de dólares que ahora se pretende manotear 

Nada se dice como se reemplazaría la fórmula que fijaba un aumento cada tres meses de jubilaciones y pensiones que regia en el Gobierno de Alberto Fernández, quien a pesar de ello debió recurrir en su última etapa a un bono para componer la baja del poder adquisitivo, pero principalmente para los salarios más bajos, a pesar de lo cual no hubo recuperación por la pérdida de la época macrista. Así nos encontramos, luego de una fuerte devaluación y de un descomunal incremento de precios con gran impacto negativo en el nivel de los ingresos, con el agravamiento que el “Messi de las finanzas” Dante Caputo anunció que reducirá el “gasto” previsional al 0,50% del PBI, que da por tierra las promesas de una mejora para jubilados y pensionados.

Tal es así que en la transformación profunda del Estado que propone Milei sin dudas los jubilados y pensionados serán la variable del ajuste anunciado siendo sus primera victimas, siguiendo por los empleados estatales y luego por el resto de asalariados del sector privado.-

Si llegare a prosperar la quita de las moratorias previsionales sería directamente el certificado de defunción para toda esperanza de llegar a alcanzar la esperada jubilación, teniendo en cuenta que en este momento 7 de cada 10 personas se jubilan con alguna de las moratorias.

Por otra parte como si no alcanzaran las malas noticias se pretender extender las edades mínimas de los hombre de 65 a 70 años y de las mujeres de 60 a 65 años.-

No confundir que la edad actual vigente según la reforma al art. 252 de la LCT de haber llevado a la edad de 70 años es la facultad que tiene todo trabajador o trabajadora de optar hasta esa edad para conservar su empleo por lo que el empleador no lo podría emplazar a jubilarse si no llegó a esa edad mínima.-

  Fuera de los vaivenes que han sufrido los haberes a lo largo de distintos periodos, algunos más afortunados como en las épocas de Néstor y Cristina (periodo 2003-2015)  con un aumento real del haber mínimo del 116% con el primero y con un 18% en el primer gobierno de Cristina y el 21% en el segundo y a partir de allí  peores momento con una pérdida del salario mínimo con Mauricio Macri que sufrió una pérdida del 19% para terminar con Fernández con el 14% negativo.

Es así que no se ha podido impedir a jubilados y pensionados que se deba recurrir a la Justicia a fin de reclamar su reajuste luego de varios años de pleitos. Así a través de distintos fallos emblemáticos como el caso Sánchez María del Carmen y el fallo Badaro la Corte Suprema ha entendido que ninguno de los incrementos ordenados por el P.E. satisfacían la necesaria proporcionalidad que debe existir a la hora de fijar el sistema por el cual ir ajustando los haberes previsionales que tienen por cierto garantía constitucional al imponer al Estado Nacional que deberá otorgar a los beneficios de la seguridad social el carácter de integral e irrenunciable, cuestión que no hay mira que se cumplan.-

Evidentemente una vez terminada la actual feria judicial vamos a estar en presencia de una andanada de nuevos juicios para poner un freno a la gran caída que sufren los haberes de la mano de Milei y Caputo que como dijimos ya desde el vamos arrancó con una devaluación del 120%  que difícilmente se pueda revertir en los números lo que ya produjo una pérdida del 18% en el nivel salarial.-

Actualmente el 86% de los 7 millones de jubilados y pensionados cobran menos de $ 200.000 al mes muy por debajo de la línea de pobreza no alcanzando a cubrir la canasta básica

Bernardo Fischberg. Abogado previsionalista