IGUALDAD E INCLUSIÓN SOCIAL. La mejor política de seguridad

3 febrero, 2024 | DERECHOS | 87 Comentarios

Por Ciro Annicchiarico[1]

Foto Pagina12: Guadalupe Lombardo y Bernardino Ávila

Con la irrupción del gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza (exclusivamente para ricos y poderosos), y la vuelta como ministra de seguridad de Patricia Bullrich, con igual cargo durante el gobierno macrista entre 2015 y 2019, responsable, entre tantas otras víctimas, de los homicidios del artesano y poeta Santiago Maldonado y del joven mapuche Rafael Nahuel, volvió la mal llamada política de seguridad de mano dura. A ésta se la reconoce por reunir, invariablemente, las siguientes características: saturación policial, actuación violenta, permisos expresos o tácitos para que las policías actúen según su criterio y se autogobiernen, inversión de la carga de la prueba en casos de pretendidos enfrentamientos con resultados lesivos de la integridad o de la vida (se presume que el agente policial actuó legítimamente y es la propia víctima quien tiene que demostrar lo contrario), límites inconstitucionales al derecho a la protesta pacífica, lo cual se ha puesto hoy de manifiesto en el absurdo reglamento dictado por la ministra, conocido como “protocolo antipiquetes”, que, dicho sea de paso, acaba de ser declarado incompatible con estándares internacionales en materia de derechos humanos -ratificados por la República Argentina- por parte de tres relatores especiales de Naciones Unidas, la persistente intención de involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior (expresamente prohibido por la Ley de Defensa Nacional 23.554, en su artículo 4, y ratificado por la Ley de Seguridad Interior 24.059). Todo ello sumado a un conjunto de otras decisiones francamente ilegales, pretender impedir la circulación de grupos de más de tres personas, requisas aleatorias e intempestivas en medios de transporte públicos, irrupciones policiales en salas de cine en medio de una proyección con supuestos fines de “control” o de alegados “simulacros de seguridad”, demoras arbitrarias de personas con “fines de identificación”, entre otras prácticas de carácter netamente represivas y de control social, no de seguridad pública en sentido estricto. Dije mal llamada “política de seguridad”, por cuanto, por el contrario a la pretensión de garantizar la seguridad de los ciudadanos, en realidad no la aseguran sino que la restringen y aumentan la violencia. Los que afirman lo contrario mienten, a sabiendas, y solo buscan, solapadamente, imponer un régimen autoritario para asegurar la implementación de políticas económicas y sociales antipopulares, contrarias a los intereses de los trabajadores y de las clases medias, y también antinacionales, en beneficio de los sectores de poder económico más concentrados y oligopólicos. Esto, en muchos aspectos, guarda similitudes con la nefasta época de la dictadura genocida que sufrimos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Las políticas de desigualdad, injusticia social y explotación, solo pueden imponerse con represión.

El endurecimiento del sistema penal, recae siempre, principalmente, sobre los sectores humildes, hayan o no violado la ley. Paralelamente, dejan fuera de ese control a los verdaderos generadores de la violencia social: quienes delinquen desde sus despachos empresarios, evaden cuantiosas sumas al fisco, construyen mansiones sin declarar, lavan dinero proveniente de la evasión o del delito, inclusive del narcotráfico, fugan capitales, manejan corporaciones que condicionan gobiernos, miembros del Poder Judicial que los encubren, fuerzas de seguridad que generan violencia institucional y muertes, funcionarios y políticos corruptos. Es decir, quienes quedan fuera del endurecimiento del sistema penal son los sectores vinculados con el poder, en cualquiera de sus formas. Nuestras cárceles, en su inmensa mayoría, superior inclusive al 90 %, están abarrotadas de pobres, excluidos, vulnerados, y la excepción son aquellos que pese a pertenecer a sectores más acomodados socialmente, se han solidarizado con aquéllos, o son militantes populares o políticos progresistas y patriotas perseguidos mediante la conocida metodología del lawfare.

Además, el modelo de endurecimiento del sistema penal sirve para los negocios de la industria de la “seguridad privada”. Se trata de quienes tienen intereses económicos que florecen y se incrementan cuando abundan los delitos de calle, mediante el arte de atemorizar a la población para que ésta reclame aumentos de penas, más policías, más casetas con “seguridad” en las esquinas, más patrulleros, más cámaras y demás medios tecnológicos de control. Es que ellos son los que “ofrecen seguridad”, cobran altísimas cuotas a cambio, y también benefician indirectamente –quien los que también están relacionados- a quienes producen y venden armas, chalecos antibalas, cámaras de control, alarmas, sistemas de seguimiento satelital… Y los dueños de empresas de seguridad privada, generalmente son ex comisarios o en actividad a través de terceros (a veces hasta ex represores de la dictadura) que les hacen de pantalla. Un universo económico que vive del miedo de los demás, y por eso lo provoca, o resultan útiles para el control y la represión del enojo social por la implementación de modelos económicos de desigualdad y hambre. Es conocido en casi todos nuestros barrios el fenómeno consistente en que se producen llamativos hechos delictivos, asaltos de domicilios, y luego de ello, al poco tiempo, aparecen publicidades o sujetos de manera personal ofreciendo el servicio de tal o cual empresa de seguridad privada. Todos conocemos hoy una famosa empresa que nos satura con sus anuncios sobre la “virtud” de lograr neutralizar robos domiciliarios mediante el humo. Humo, exactamente eso. Por su parte, desde el gobierno, Patricia Bullrich intimida: “la Argentina no es un país para ser gobernado por tibios”. En pequeño, se parece a la infame realidad bélica mundial: es la industria bélica de los países poderosos la que va buscando permanentemente cómo generar conflictos y guerras en todos lados. Amenazan e intimidad con eso, y viven de eso. Los medios de prensa corporativos son cómplices de este esquema. Y muchas veces medios de comunicación honestos caen también, por puro desconocimiento, en ese discurso tan miope como perverso. 

Otro aspecto que debe considerarse, y que constituye una verdadera paradoja: los empresarios que protestan durante los gobiernos populares -no porque no ganen fortunas sino por un afán de obsceno enriquecimiento sin límites- contra la supuesta “alta presión tributaria”, contra los aportes patronales que llaman “costo laboral”, contra los derechos de exportación, contra la intervención firme del Estado en la economía, contra la protección del derecho al trabajo y la garantía de salarios dignos y demás beneficios sociales, en realidad lo que hacen es proponer la profundización de la desigualdad social, aumentar la pobreza de grandes sectores de la población y abrir las puertas a la exclusión social. No se trata de afirmar la superficialidad de que los pobres son delincuentes, sino del dato criminológico comprobado de que a mayor desigualdad social, mayor exclusión social, aumenta el conflicto social y también, proporcionalmente, el conflicto con la ley en razón del estado de necesidad. El resultado es que todo ello, paradojalmente, es la principal fuente de la “inseguridad” que podemos llamar “de calle” (asaltos a comercios, robos de vehículos, arrebatos de carteras, de celulares, salideras, robos de domicilios, etc., muchas veces con consecuencias mortales) contra la que siempre los sectores medios y altos claman y piden medidas efectivas a los gobiernos. La propia desmesurada avidez de las clases altas, generadora de desigualdad social, resulta en gran medida criminógena, en un formato de inseguridad en perjuicio de ellas mismas, como verdadero búmeran que vuelve y los espera a la vuelta de la esquina.

No es teoría, es realidad comprobada. La igualdad social, la justicia social, son las verdaderas y más eficaces políticas de seguridad pública. Así lo establecimos en la recordada Ley 12.154 –hoy lamentablemente olvidada-, de seguridad pública de la provincia de Buenos Aires, resultado del proceso de reformulación de la seguridad provincial que encabezó el ex Ministro León Arslanian y el especialista Alberto Binder, cuyo equipo tuve el honor de integrar, definiendo a la seguridad pública para un estado democrático y de derecho, como el estado por el que a los ciudadanos se les hacen efectivos sus derechos esenciales y básicos, al trabajo adecuadamente remunerado, a la vivienda, a la salud, a la educación, al acceso a la cultura, al esparcimiento y al descanso, y al resto de derechos constitucionalmente reconocidos. Ese estado en su conjunto es la verdadera seguridad, que no puede ser reducida a la mera pretensión, comprensible por supuesto, de no ser asaltado, robado, violado. Cuando solo se mira la problemática desde esta miope perspectiva, solo se ve el charco que inunda el patio, omitiendo prestar atención a la canilla rota que pierde. 

Los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, que, pese a ser países con sistemas capitalistas, han abordado seriamente la realidad, implementando fuertes medidas de intervención estatal en pos de la igualdad, son un ejemplo palpable de que la mejor política de seguridad es la inclusión social y la justicia social, que disminuye la conflictividad social y a su vez, directamente, la criminalidad de calle, que son los hechos que más preocupan a las clases medias y altas. No es que no exista más el delito. La transgresión a la ley como inherente a la conducta humana es dato ontológico universal que demanda un análisis por separado, abordable desde la antropología y la sociología. Pero lo cierto es que Suecia, por las políticas de igualdad e inclusión social antedichas, se ha visto frente a un fenómeno que puede parecernos inconcebible: durante 2011 y 2012 su tasa de presos bajó un 6%. Y en el 2014 bajó un 1% más. ¿Qué hizo Suecia en consecuencia? Cerró cárceles. Una nota muy interesante publicada en 2015 en TVN digital (Chile), ilustra al respecto:

http://www.24horas.cl/internacional/suecia-cierra-carceles-por-falta-de-presos-1577035

En Noruega sucede lo mismo, salvo casos muy aislados, la conflictividad social, aunque parezca mentira, es casi igual a 0. Sus índices de inseguridad derivada del delito no existen. Al igual que en Suecia y Finlandia, la presencia del Estado es enorme en todos los sectores de la vida social, aplicando fuertes impuestos a los que obtienen mayores ganancias, y con esos recursos asegurando la igualdad de oportunidades y el conjunto de derechos esenciales para toda la población. 

Cuba es otro ejemplo, con un sistema político y económico diametralmente distinto a los anteriores, basado en el socialismo, el estado como propietario principal de casi todos los recursos y medios de producción, en el cual, pese a sufrir enormes dificultades por el ilegal bloqueo impuesto por EEUU, lo que produce en todos los órdenes está a disposición de la inmensa mayoría del pueblo por igual. Pese a que los niveles de “confort” (según los parámetros de los llamados países del “primer mundo”) son más bajos, la desigualdad social es prácticamente nula, y consecuentemente los índices de “inseguridad” (según nuestra acepción mediática) derivada del conflicto social y la actividad delictiva, en Cuba son prácticamente inexistentes.Vemos cómo, en cualquier caso, el único secreto es la decidida intervención del Estado en pos de la disminución de la desigualdad social y el aseguramiento de los derechos esenciales a las mayorías, sin discriminaciones. La mejor garantía de seguridad pública, cualquiera sea el sistema socio económico al que adhiera el estado, es la justicia social, la igualdad social, en la mayor medida posibles.

[1] Abogado penalista, especializado en seguridad pública y derechos humanos. Se desempeñó como consultor en el equipo que integró el plan de Intervención y Reformulación de la Política de Seguridad Pública en la provincia de Buenos Aires en 1997. Autor de varios libros y proyectos legislativos en la materia. Desde 2004 se desempeña como asesor jurídico en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, responsable de distintas querellas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura cívico militar, en representación del referido Organismo, entre otras actividades. 

87 Comentarios

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