por Alejandro Mosquera *

El país vive el drama de Rosario. Mas allá de las características propias históricas, políticas e institucionales de la provincia de Santa Fe, es imposible desentenderse de que el crecimiento del narcotráfico y sus violencias son un problema para todo el país. Solo una visión estrecha u oportunista puede ignorar lo que ocurre en aquella ciudad.

La confluencia de un proceso que viene de muchos años atrás con un gobierno de Milei que no tiene una visión de Nación, ya que no solo es un proyecto neoliberal de estado mínimo o anarcocapitalismo, sino que contiene la desintegración del país con un sentido de subordinación colonial, agrega más peligrosidad al fenómeno criminal, de corrupción institucional por el narco y las violencias sobre el pueblo que se vive en Rosario.

Así el caso Rosario no es solo una ciudad, o es que no vemos la posibilidad de extensión, o acaso no existen organizaciones criminales en otras grandes ciudades cobijadas por impunidades y complicidades. Sin embargo, a la vez hay que ver las características fácticas de lo que ocurre en Rosario. No son los carteles de Colombia o de México, ni las Maras del Salvador, su origen está ligado a bandas locales rústicas y muy violentas. Es, en un sentido, una anomalía donde parte de la responsabilidad está en las propias estructuras de poder, en la historia concreta de Rosario y la provincia, en especial en la política y sus fallas en las políticas de seguridad, en el poder judicial y en una policía brava y violenta que se integró a las organizaciones delictivas. Los más de 500 policías exonerados, por las pruebas de jefes y comisarios que son parte de la guerra entre los Monos y la banda de Alvarado.

La persecución del narcotráfico, el desmantelamiento de las organizaciones criminales complejas, de sus entramados locales, necesitan de una estrategia compleja y en diversos frentes que el Ministerio de Seguridad de la Nación ni la provincia de Santa Fe parecen tener.

La sobre actuación pública de la mano dura, del vocabulario militar o bélico, repetida gobierno tras gobierno, la saturación de fuerzas policiales como principal recurso, solo muestran la falta de esa estrategia.  Y en algunos casos, como el intento de copiar la actitud de Bukele con las bandas salvadoreñas en las cárceles con fotos que muestran violencias contra los presos y violaciones extremas de derechos, son graves errores que luego se traducen en más violencia en las calles. ¿Quién paga ese marketing de la ministra y de los funcionarios? De nada sirven en la persecución del delito, en la prevención, en la investigación criminal. Sí colaboran en la espiralización de la violencia.

El propio ministro de Bukele señala el yerro: “Pero la sorpresa atravesó al Gobierno nacional cuando, el último domingo, Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad de El Salvador, la llamó a Patricia Bullrich. Con tono cortés, el salvadoreño le dijo: «Es un error muy grave lo de la foto, están equivocados; eso solo lo podés hacer cuando las bandas ya están neutralizadas y tenés el control total de la calle» (Clarin 14/03)

La violencia hacia cualquier persona, los asesinatos de estos últimos días por parte de los sicarios del narcotráfico muestran los intentos de extorsión de las organizaciones criminales hacia la política para recuperar o reescribir los pactos preexistentes, o sea, esa forma maldita de colaboración entre narcos, policías, las zonas oscuras de cierta política y sectores judiciales.

Todos conocen esta realidad. Desde el punto de vista de la difusión masiva cumplen un papel destacado el documental del diario Clarin, el libro Rosario (De Los Santos y Lascano), escuchar a Marcelo Saín o al diputado santafecino Carlos del Frade, o a Enrique Font (Profesor Titular de Criminología y Control Social, Política Criminal, Políticas Públicas de Seguridad).

En nuestra concepción de las políticas de seguridad democrática una estrategia debería, por lo menos, actuar en 5 capítulos contemporáneamente (seguramente se podrán agregar otros):

1.      Es inviable un combate al narcotráfico y su capacidad de control territorial si el lema de los gobiernos es el retiro del Estado. Cuanto menos estado más ocupan esos lugares vacíos las organizaciones delictivas, incluso cumpliendo funciones sociales para poder arraigar más su poder.

2.      Se necesita una reforma profunda de la policía provincial, tanto en su capacitación y profesionalización, pero centralmente en cortar los vínculos y acciones delictivas en concurrencia con el narco. Tanto es así que en el libro periodístico de investigación “Rosario. La historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad” de Germán de Los Santos y Hernán Lascano, describiendo los lazos estructurales de la policía con el narco sostienen: “Justamente, trabar un lazo estructural convirtió a la policía de Rosario en una organización delictiva más. No una cualquiera: la más desplegada territorialmente y la más rentable” (página 42).

La reforma necesita un pacto de la sociedad y de los partidos políticos del país, de Santa Fe y de la ciudad de Rosario. Porque no se necesitan parches cuando la policía está desintegrada, con internas incluso delictivas por porciones del negocio narco. La reforma implica una refundación del sistema público de seguridad y, sobre todo, de la policía santafesina.

3.      Se necesita una reforma de la justicia tanto a nivel provincial como nacional. Gran parte de los aparatos judiciales se han convertido en instrumentos políticos para ocultar cuando las investigaciones rozan a dirigentes de los partidos a los que están vinculados. La capacidad de corrupción del dinero que vuelve el narco y de penetración en las instituciones exige avanzar con decisión en esta transformación judicial.

4.      La existencia de pactos entre policías, delincuencia y narco tráfico con estructuras políticas exige de quienes realmente quieran cambiar la situación una política sostenida para romperlos, quebrar las impunidades que los cobijan y crear formas institucionales y legales que no los permitan. Un punto estructural clave, no solo para este tipo de delito, sería que ningún funcionario público, nacional y provincial, pueda tener capitales ocultos en paraísos fiscales y el descubrimiento de estos exija la inmediata remoción y, sobre todo, que invierta la carga de la prueba en la demostración de su licitud. Si no se puede demostrar su origen que sean incautados.

5.      Hace muchos años se estudia en el mundo cómo enfrentar a las organizaciones delictivas complejas que en su base son fungibles. Uno de los consensos básicos es que hay que perseguir la ruta del dinero sucio. La cuestión es que esta ruta no termina en financieras de las zonas afectadas por el narco, sino que suben en la escala alimenticia del capital financiero. Hay que atreverse a investigar esos lugares, incluso los bancos que gozan de tremendas impunidades.

6.      Este tipo de investigaciones del delito complejo necesitan también de cuerpos de investigación complejos. En primer lugar, independiente de las fuerzas de seguridad sospechadas (todas) y siguiendo la mejor experiencia internacional, dependientes de un poder judicial reformado democráticamente. No necesitamos matones de uniforme que estén dispuestos a violar todos los derechos para pelear contra matones del narco que están listos también para todo. Eso puede servir para una película o serie, pero no para la vida real. Se necesita profesionalismo, capacidad de investigación, inteligencia criminal.

7.      También exige la situación un estado más presente con sus políticas de desarrollo, empleo, educación en combinación con los movimientos sociales, las iglesias, las organizaciones locales. Esto van en sentido contrario del que pretende el gobierno nacional. Pero quienes verdaderamente quieren discutir cómo enfrentar las violencias, al narco y pacificar Rosario (y el país), tienen que partir de que ésta es una parte insustituible.

8.      La exigencia que tenemos de mejorar la persecución del narcotráfico, de proteger la vida de las familias de Rosario y del país, de los trabajadores incluidos los de las fuerzas de seguridad, de lograr la paz como espacio para ejercer nuestros derechos y libertades, no necesita de actores políticos que cubren sus impotencias, sus ignorancias y sus oportunismos electoralistas convocando a las FFAA para tareas policiales que son totalmente diferentes a las tareas de defensa nacional. Está comprobado en el mundo y en especial en toda América que la doctrina de Guerra a las Drogas y el involucramiento de las FFAA fueron un rotundo fracaso, que costó más violencia y vidas. Uno de los casos más reconocido para ver la efectividad o no de esas políticas es el del Cartel de los Zetas de México, en su origen se formó por altos militares mejicanos que combatían el narco y luego crearon su propia organización delictiva de narcotráfico y también de trata de personas, robo de bancos, lavado de dinero, entre otras ilegalidades. Sus cuadros principales habían sido formados en el antiterrorismo en la Escuela de las Américas en la persecución de movimientos de izquierda.

En momentos donde se desarrolla esta tragedia en Rosario, donde crece la inseguridad callejera y domiciliaria en el país, donde se impulsa una política de desaparición del Estado, se desfinancia la educación, se promueve una inflación enorme para licuar los salarios y jubilaciones, y a la vez dejan a su “suerte” a las provincias y municipios, se ejercita la promoción de la impunidad de los endeudadores del país, de los que fugaron la deuda externa, se libera de control estatal a los delincuentes de guante blanco y donde se cuentan por decenas los funcionarios o asesores que mantienen capitales en paraísos fiscales, es necesario rechazar y desnudar con claridad para nuestro pueblo a los oportunistas, a los manipuladores del dolor. A quienes promueven los pactos de regulación del delito en pactos de autogobierno con las fuerzas de seguridad que disimulan el delito, pero nos llevan a una catástrofe. Los oportunistas que para mostrar que hacen algo en interés de los ciudadanos producen proyectos y proyectos que se repiten en el tiempo agravando penas, llamando a la pérdida del estado de derecho, con medidas que no tienen ningún efecto ni preventivo ni reparatorio frente a los crímenes.

Es tiempo de replantear un gran Acuerdo de Seguridad Democrática como el que creamos en 2009 entre muchas y muchos, con expertos y universidades, con diversidad política e ideológica para sentar las bases de un cambio del paradigma de la seguridad ciudadana. 

*Alejandro Mosquera. Director de Iguales. Director del IEFI – Instituto de estudios y formación para la Igualdad. Ex diputado de la Pcia de Bs.As. y Presidente de la Camara de diputados. Dirigente de Soberanxs